El pleno del Ajuntament de Palma ha aprobado este jueves, de forma definitiva, la Ordenanza para el Fomento de la Convivencia Cívica. De esta manera, se da luz verde a una nueva normativa completa y ambiciosa propuesta por parte del Partido Popular de Palma. Así, se cumple uno de los puntos claves de la hoja de ruta del alcalde de Palma, Jaime Martínez, para dotar de las herramientas jurídicas necesarias para luchar contra el incivismo en la ciudad. El documento, que entrará en vigor a partir de los 15 días hábiles después de su publicación en el Boletín Oficial de les Illes Balears (BOIB), responde a la voluntad del equipo de gobierno municipal de combatir las actitudes y comportamientos incívicos, con el objetivo de hacer de Palma una ciudad segura, ordenada y respetuosa. Líneas de la Ordenanza Cívica En esta línea, prohíbe en el espacio público todas aquellas conductas de desprecio a la dignidad de las personas y contra la igualdad por motivos de raza, género, orientación sexual, ideología, religión o situación socioeconómica. También las conductas de agresión o asedio a menores de edad, así como la exhibición y colocación de elementos y objetos que supongan desprecio o discriminación, que inciten al consumo de estupefacientes o alcohol, o que promuevan la incitación ofensiva del sexo. La normativa actúa también contra las pintadas vandálicas en los equipamientos o elementos del servicio público. Asimismo, actúa contra la colocación indebida de carteles, la distribución descontrolada de publicidad o el uso inapropiado de mobiliario urbano, y prohíbe en el espacio público prácticas de apuestas o ‘trile’. Se establecen límites a actuaciones en la vía pública que puedan alterar el descanso vecinal o la puesta en funcionamiento de equipos de sonido o amplificadores sin la correspondiente autorización municipal. Uno de las novedades más relevante en lo que respecta a las visitas turísticas guiadas, se restringen a un máximo de 35 personas con guía incluido, recomendándose el uso de audioguías. Cabe recordar que en este apartado se ha establecido que las normas entren en vigor a partir del 1 de enero de 2026, para garantizar la seguridad jurídica de los operadores durante la actual temporada turística. Con el objetivo de reducir la presencia de residuos en la vía pública y promover una ciudad más limpia, la nueva normativa establece la prohibición de verter basura o escombros en la vía pública, así como el abandono de residuos procedentes de viviendas. En esta línea, los establecimientos, tanto fijos como móviles, que ofrezcan comida para llevar deberán garantizar la limpieza en un radio de 25 metros alrededor de sus instalaciones. También deberán reducir el uso de materiales de un solo uso, disponer de papeleras propias y aplicar medidas que eviten la acumulación de residuos. Por otra parte, se refuerzan las medidas dirigidas a preservar la convivencia ciudadana. Así, se prohíbe el consumo de alcohol en la vía pública cuando altere la convivencia o implique a menores de edad. También queda prohibida la promoción o incitación al consumo en exteriores de comercios, así como la práctica del botellón, el consumo de sustancias estupefacientes o los agrupamientos que perturben la tranquilidad del entorno. En lo que respecta al uso de caravanas y autocaravanas, solo estará permitida su acampada en los espacios expresamente habilitados. Se prohíbe el estacionamiento prolongado de estos vehículos si no cumplen con determinadas condiciones, como mantener el contacto con el suelo exclusivamente mediante las ruedas, sin usar elementos estabilizadores ni dispositivos externos. También se limita cualquier actividad que exceda el perímetro del vehículo, como la instalación de toldos, mesas o barbacoas, y se exige evitar emisiones de ruido, olores o vibraciones. Se fija un máximo de diez días consecutivos para el estacionamiento en un mismo lugar y se prohíbe dejar remolques sin vehículo tractor. En el caso de personas en situación de vulnerabilidad social, estas infracciones no conllevarán sanciones económicas. La ordenanza también regula el uso de vehículos de movilidad personal (VMP), como los patinetes eléctricos. No podrán circular por aceras, jardines, plazas ni zonas peatonales. Será obligatorio el uso del casco, el seguro de responsabilidad civil con una cobertura mínima de 120.000 euros, y un chaleco reflectante homologado. Solo se permite su uso a partir de los 16 años (o 15 con carné AM). Los VMP podrán circular por calzadas limitadas a 30 o 40 km/h, sin superar los 25 km/h, por carriles bici hasta 10 km/h, y hasta 15 km/h en los carriles junto a la acera. Las empresas de alquiler deberán identificar los vehículos, contar con un seguro de 800.000 euros y solicitar autorización municipal para grupos de más de tres personas. Asimismo, se prohíben prácticas que comprometan la seguridad o el uso adecuado del espacio público, como el balconing, el parkour urbano, el baño en espigones o el uso de jabones en duchas de playas. También queda restringido circular sin la parte superior del cuerpo cubierta fuera de espacios habilitados, así como la acampada en la vía pública o el uso inadecuado del mobiliario urbano. Las motocicletas deberán aparcar en batería, y no se podrá acceder a los parques fuera del horario permitido ni circular por zonas ajardinadas. Igualmente, queda prohibido utilizar fuentes o elementos ornamentales acuáticos con fines distintos a los previstos. Esta normativa refleja un enfoque preventivo, centrado en promover el civismo mediante la mediación, especialmente en casos que involucren a menores de edad o personas en situación de vulnerabilidad. A estas medidas se suman otras iniciativas en materia de seguridad ciudadana, como la incorporación de 270 nuevos agentes de Policía Local o la creación del Equipo Comunitario de Proximidad, con el objetivo de reforzar la presencia en los barrios y avanzar hacia una Palma más ordenada, limpia y respetuosa con la convivencia.

El PP de Palma continúa avanzando en la implantación de medidas que contribuyan a hacer de Palma una ciudad más cívica y segura, tal como recoge su programa de Gobierno. El alcalde, Jaime Martínez Llabrés, ha presentado una nueva unidad dedicada a velar por el cumplimiento de las ordenanzas municipales, el Equipo Comunitario de Proximidad (ECOP), que está formado por 30 agentes que patrullan a pie las calles de la ciudad respondiendo así al compromiso de que la ciudad cuente con una policía más efectiva y más presente en los barrios. Desde su puesta en marcha en febrero de 2025, la ECOP ha interpuesto más de 1.000 denuncias relacionadas con el incivismo en toda la ciudad, destacando hasta 400 sanciones por el uso inadecuado de patinetes, además de 70 controles, de los que 47 fueron específicamente dirigidos a este tipo de vehículos de movilidad personal. Los agentes también han llevado a cabo hasta 300 vigilancias y seguimientos, y han dado cobertura permanente en tres puntos clave del centro de la ciudad: Dalt Murada, Parc de la Mar, calle Sant Miquel y plaça Major, con el objetivo de combatir la venta ambulante ilegal, los carteristas y otras actividades que afectan la tranquilidad de residentes, comerciantes y visitantes. Asimismo, se han llevado a cabo controles con la unidad motorizada (UMOT) y se han realizado intervenciones en parques y plazas junto al Grupo de Actuación Preventiva (GAP), con un enfoque en la prevención del delito y en la resolución de problemas como ruidos, suciedad, botellones, tráfico y estacionamiento indebido, además de comportamientos incívicos relacionados con la tenencia de animales y la publicidad no autorizada, entre otros. Jaime Martínez Llabrés ha destacado toda la gestión que se ha llevado a cabo en materia de seguridad desde el inicio de la legislatura, destacando el presupuesto de 136 millones de euros destinado a este área, así como la convocatoria de 170 nuevas plazas de policía, que harán posible que Palma acabe el año con con 275 nuevos agentes, casi el total de los 300 que se comprometió a incrementar a lo largo de esta legislatura.

En 2026, Palma contará con 275 agentes más, reafirmando su compromiso de alcanzar los 300 efectivos policiales en esta legislatura

El IBI permanecerá congelado y sin variación al alza para todos los sectores y todas las personas sin excepción durante toda la legislatura Se bonifica el IBI a todas las familias numerosas, sea cual sea el valor catastral de la vivienda El impuesto de Sucesiones y Donaciones se bonifica con un 95 por ciento, el máximo autorizado por la ley

El alcalde y presidente del PP de Palma anuncia la puesta en marcha de la construcción de 13 parkings esta legislatura, que suman 4.400 plazas

Se trata de un proyecto emblemático que pondrá a disposición de los vecinos de Palma un pulmón verde de más de 4 millones de metros cuadrados

Conforme al compromiso adquirido por el PP de Palma en su programa de Gobierno, el alcalde, Jaime Martínez Llabrés, ha presentado un plan de choque de vivienda pública municipal que tiene como objetivo la construcción de cerca de 1.200 viviendas públicas en régimen de alquiler a precio limitado y viviendas sociales en solares de titularidad municipal ubicados en distintas zonas de Palma mediante colaboración público-privada. El alcalde y presidente del PP de Palma ha señalado el acceso a la vivienda como una de las cuestiones prioritarias de su programa, por ese motivo se está trabajando en un amplio y completo Plan de Vivienda que verá la luz en las próximas semanas. Es en este contexto en el que se ha presentado el plan de choque que prevé cubrir la necesidad urgente de poner vivienda asequible en el mercado. El objetivo, según ha explicado Martínez Llabrés es "poner viviendas asequibles en el mercado a corto plazo en colaboración público privada y acabar con la inacción en política de vivienda durante las dos últimas legislaturas”. En este sentido, el alcalde ha explicado que “los pliegos de licitación estarán concluidos cuanto antes para que en esta legislatura las 1.200 viviendas previstas ya estén en el mercado. En torno al 90% será vivienda en alquiler a precio limitado. Todas serán viviendas públicas y una parte será destinada a vivienda social”.

Gestionar de manera más efectiva la presión turística que soporta el municipio y conseguir el equilibrio entre actividad económica, la población local y los servicios públicos son objetivos que pretenden las propuestas presentadas por Jaime Martínez Llabrés a la Mesa para un gran pacto social y político para la sostenibilidad económica, social y ambiental de las Illes Balears creada recientemente por el Govern de les Illes Balears y en la que participan el sector turístico, agentes sociales, entidades de la sociedad civil y formaciones políticas, con el objetivo de abordar de forma objetiva el gran reto de la gestión turística. Estas medidas son las siguientes:  - Dar mayor apoyo al municipio de Palma para el incremento de efectivos policiales y, en colaboración con la Delegación de Gobierno, aumentar los efectivos de la Policía Nacional y la Guardia Civil. - Regular de forma más firme, limitar y/o prohibir determinados cruceros que pueden llegar a Palma, por ejemplo los de pequeña y media eslora, o bien limitar su cantidad, o que únicamente puedan atracar los de puerto base. - Cobrar dos tasas a los cruceristas, una de llegada a puerto y otra de acceso a la ciudad. - Revisar al alza las tasas de basura y agua de los cruceros y grandes yates en los puertos del término municipal de Palma. - Regular de forma más firme o limitar los grupos organizados de turistas, así como limitar el número de personas en las visitas guiadas a Palma e incrementar los controles para evitar el intrusismo en el colectivo de los guías turísticos. - Prohibir o limitar las ‘Party Boats’ en el término municipal de Palma. - Revisar al alza las tasas de basura y agua de las estancias turísticas vacacionales. - Incrementar los trabajos de inspección de las estancias turísticas vacacionales ilegales o de los alquileres turísticos ilegales con el fin de erradicarlo. - Regular de forma más contundente o limitar el número máximo de coches de alquiler que pueden entrar en el municipio. - Prohibir el consumo de bebidas alcohólicas en la calle en todo el término municipal por motivos de salud. - Crear más aparcamientos disuasorios y mejorar las frecuencias de transporte público hacia el centro de la ciudad. - Colaborar entre todas las administraciones, incluida la Delegación de Gobierno, en las ‘Operaciones Nube’. - Crear una tasa especial de residuos en los establecimientos de 'take away' del centro de la ciudad, así como en establecimientos como pastelerías o heladerías que ofrezcan productos de comida o bebida para llevar. Paralelamente a esta batería de propuestas, Martínez Llabrés ha presentado otras medidas que se aplicarán en Palma y que son de competencia municipal. Así, se modificará el Plan General a fin de iniciar los trámites para prohibir nuevas plazas de alquiler turístico en cualquier tipo de vivienda del municipio. Igualmente, se incorporará a la ordenanza cívica que actualmente está en fase de exposición pública, la obligación de que todos los 'Take Away' del municipio limpien un perímetro de 50 metros en torno a sus establecimientos. Al mismo tiempo, en las zonas declaradas turísticamente maduras en el Decreto de Simplificación Administrativa, que son Platja de Palma, Passeig Marítim y Cala Major, todos los establecimientos deben mantener limpia su parte exterior. Se modificará también el Plan General para limitar el uso de las plantas bajas y locales en las citadas zonas turísticas maduras con el objetivo de restringir al máximo los establecimientos de libre concurrencia. El alcalde y presidente del PP de Palma ha calificado las propuestas de “complejas e innovadoras, pero también indispensables y urgentes para mejorar la convivencia. El incremento de visitantes hace necesario que tomemos medidas de contención para una gestión sostenible de la actividad turística en Ciutat”, ha señalado.